El presidente Alberto Fernández confirmó que el gobierno avanza en una propuesta que dé respuesta a casi 12 millones de trabajadores informales.
El desborde de la demanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) apenas empezada la cuarentena blanqueó a los ojos del Estado la variada y masiva informalidad que caracteriza a la economía. Es por eso que en el gobierno comenzó a madurar la idea del ingreso universal como la política social clave para transitar una post pandemia que avizoran dura.
El vínculo con el trabajo registrado será la marca personal que tratará de imprimir la gestión Fernández en la larga y compleja historia de las políticas asistenciales en la Argentina, según explica en esta entrevista con Tiempo , el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
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El concepto de universalidad salarial comenzó a ganar terreno desde aquellos primeros planes Trabajar, arrancados al Estado a fuerza de piquetes y movilizaciones de desocupados, pasando por los planes Jefes y Jefas de Hogar –programa asistencial del duahldismo que por primera vez visibilizó a las mujeres beneficiarias- hasta la Asignación Universal por Hijo otorgada desde el Estado nacional, y ya no desde las intendencias.
También es una medida que en el marco de la pandemia comenzó a promover el Papa Francisco desde el Vaticano.
Este sábado, el Presidente reafirmó lo que venía sosteniendo Arroyo: que es una alternativa en estudio.
«El IFE permitió descubrir que nueve millones de argentinos están fuera del sistema, están al margen. Si sumamos esos nueve millones, que seguramente trabajan en negro y viven como pueden, a los 2 millones y medio de argentinos que cubrimos con el ATP, tenes prácticamente toda la actividad económica argentina», explicó AF en una entrevista con El Destape Radio.
-¿Cuál es la relación entre la salida de la pandemia y el ingreso o renta universal?
-La salida tiene que ver con que todos tengan un ingreso base, sobre todo en este contexto en que a tanta gente se le cayó el ingreso porque dejó de tener changas o se le achicó la actividad, y va a ser muy difícil recuperarse rápidamente.
Son tres los componentes claves. El primero es el ingreso universal. La Argentina no está lejos de ese escenario porque cuenta con una base más alta que el resto de los países de América Latina para tener un ingreso base, ya que tenemos la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales, y el IFE.
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El segundo elemento es potenciar el trabajo a través del desarrollo de cinco sectores productivos clave que son la construcción -vivienda, veredas-, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado -que es el sector que más va a crecer- y el reciclado.
Las herramientas de desarrollo destinadas a esos cinco sectores se tramitarán a través de créditos no bancarios para financiar máquinas y herramientas de trabajo, y capacitación laboral, para poder producir y vender sin tener que pagar costos iniciales. Y un tercer factor es el acceso universal a los servicios básicos que implica urbanizar las 4000 villas de todo el país.
El acceso a los derechos y un gran plan de empleo junto al ingreso universal y ciudadano constituyen tres cambios profundos en la política social.
–En España se aprobó la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una iniciativa que beneficiará a 2,3 millones de habitantes. Y en otros países también se evalúan medidas similares. ¿Qué características tendría que tener en la Argentina?
-En la práctica hay muchos países que han ido hacia ahí, España es el caso paradigmático porque aprobó la Ley casi por unanimidad. En Francia, en la práctica, lo que está haciendo el Estado es darle 1200 euros a cada ciudadano y ciudadana.
En Estados Unidos se le entregan 1200 dólares a cada norteamericano.
El debate sobre el rol del Estado para sostener ingresos, que se daba en las ciencias sociales, dejó de ser un debate en términos prácticos por la pandemia.
A diferencia del caso español acá hay que reconstruir el mundo del trabajo. Hay que resolver problemas de habitantes que viven como en el siglo XIX debido al hacinamiento y falta de infraestructura.
El ingreso ciudadano estuvo más en tensión con el mundo del trabajo. Ese debate está resuelto, esto va a tener consenso de las organizaciones sociales y sindicales, pero también entre las cámaras empresariales porque objetivamente eso reconstruye el consumo, no solo es una cuestión de derechos.
No es sólo el ingreso como en España que hay algunos que lo tienen que cobrar. Acá falta agua, cloacas y trabajo. El nivel de informalidad es otro.
-¿Qué plazo evalúa para su implementación?
-Es un programa a largo plazo, está pensado para los próximos años no sólo para los próximos meses.
Es amplio y requiere una coordinación interministerial por un lado, que incluya a Producción, Vivienda, Trabajo, Obra Pública y Desarrollo; e interjurisdiccional por el otro, porque es necesario articular con provincias y municipios.
-¿Pero cuándo se puede comenzar a implementar?
-El viernes pasado lanzamos Potenciar Trabajo en La Rioja con el presidente, hoy estamos en el IFE Dos. Si bien es una iniciativa que requiere un debate profundo en la sociedad, la pandemia enseñó que los procesos se aceleran y las políticas públicas también.
No es necesario sacar una ley en términos prácticos para implementar esta política, pero una ley la podría sostener en el tiempo.
La experiencia no es nueva en Argentina. El vínculo con el mundo del trabajo lo plantearon las propias organizaciones piqueteras que luego del estallido de 2001 se organizaron en cooperativas de trabajo.
Algunas entraron en vinculación con el Estado y se convirtieron en proveedores de bienes y servicios de los municipios. El programa Argentina Hace de micro obra pública que pretende implementar el Ministerio de Obra Pública recoge este antecedente.
La iniciativa se expande en el resto de los países acelerada por la propagación del coronavirus. La CEPAL elaboró un informe en el que propone avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus. “En un contexto de bajo crecimiento, se prevé un importante aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina y el Caribe”, advirtieron desde el organismo.
Fuente: Diario Tiempo
