En vistas del proyecto de Ley 1078/16 aprobado por la Cámara de Senadores de la Nación que declara la emergencia pública en materia ocupacional, el edil kirchnerista busca interpelar al Concejo Deliberante de Saladillo para que tome una postura en concreto sobre esta cuestión.
Entre los “CONSIDERANDOS”, se citan:
Considerando cada trabajo que se pierde es una persona y una familia condenada a la pobreza y a la indigencia;
QUE dado que no hay datos oficiales debido al inédito apagón estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las cifras de despidos se van construyendo con información proveniente de sindicatos y de cámaras empresarias, cuyas cifras de difunden por escasos medios de comunicación;
QUE en relación a ello, el informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que en el sector público y privado suman en total 141.542 despidos en el primer trimestre del año;
QUE hasta la Unión Industrial Argentina -que formó parte del frente empresario en contra de la ley de emergencia ocupacional en cuestión- advirtió que en el primer semestre del año es posible que el sector industrial pierda entre 100.000 y 200.000 empleos;
QUE ante esta manifiesta emergencia ocupacional, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pareciera no tener la misma velocidad de reacción para proteger a los trabajadores como sí la tuvo para beneficiar a los sectores exportadores y a los fondos especulativos de crédito;
QUE como fiel reflejo de ello, mientras el dueño del Fondo Especulativo más importante, Paul Singer escribe loas sobre el presidente Macri en el diario estadounidense The New York Times, en la Argentina, las cinco centrales gremiales más importantes realizaron un multitudinario acto en señal de protesta por la situación acuciante de los trabajadores y mantuvieron reuniones con sendas cámaras del Congreso de la Nación para impulsar el citado proyecto de Ley;
QUE en línea con lo antedicho, ciertos funcionarios del Gobierno Nacional parecieran no percatarse de esta situación, haciendo declaraciones que rozan el sadismo, calificando a la ola de despidos como «una sensación” (Alfonso Prat Gay);
QUE el Presidente de la Nación, Mauricio Macri ha manifestado su disconformidad con la ley «anti despidos» (amenazando incluso con vetarla) alegando que el precedente normativo similar sancionado en 2002 «ha fracasado en la Argentina», cuando en realidad acaeció todo lo contrario, toda vez que todos los indicadores ocupacionales marcan que desde la fecha de su sanción hasta el año 2007 (como mínimo) creció notablemente el nivel de empleo, habiéndose generado millones de puestos de trabajo genuino;
QUE el Proyecto no solo atiende a la necesidad de poner un freno a los despidos masivos, sino que también refuerza el cumplimiento del Art. 14 bis. de la Constitución Nacional que indica: ”El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor[…]”.
QUE en cumplimiento de ello, el Proyecto en cuestión es aplicable a TODOS los trabajadores y trabajadoras sin importar sus modalidades contractuales ni si pertenecen a la esfera privada o a la esfera pública;
QUE a pesar de que el fenómeno de la desocupación no se resuelve sólo mediante leyes fortalecedoras de los derechos laborales, sino fundamentalmente a través de políticas económicas tendientes a la creación de puestos de trabajo, no por ello se debe dejar de proteger mediante todos los instrumentos legales posibles al sujeto más débil de las relaciones de trabajo: los trabajadores.
