Nota de opinión
Que los riesgos asociados al avance del coronavirus trascienden el plano sanitario, a esta altura, no puede sorprender a nadie. Todos conocemos pymes, emprendedores, trabajadores informales o desocupados que, a más de un mes del comienzo del aislamiento preventivo, social y obligatorio, están con la soga al cuello y rebuscándosela para mantenerse en pie.
Pero pecaríamos de ingenuidad —y hasta de irresponsabilidad en el caso de quienes nos desempeñamos en la función pública— si no analizamos integral y minuciosamente lo que sucede en otros ámbitos, más allá del evidente parate económico que perjudica tanto a la iniciativa privada como a la recaudación pública en todos los niveles de gobierno.
Hay situaciones de crisis previas a la pandemia, pero que con las consecuencias de las medidas implementadas para aplanar la curva de contagios y contener la propagación del virus, se han visto innegablemente exacerbadas.
Una de ellas, y particularmente la que más preocupa, es la violencia de género. Los llamados a las líneas habilitadas para denuncias aumentaron un 80% y los pedidos de mujeres para alojarse en refugios para salir de su casa, un 15%. La consigna tan clara y necesaria de quedarnos en casa para protegernos del contagio, lamentablemente no aplica para quienes sufren algún tipo de violencia en el hogar. Más horas con el agresor, tensiones por la delicada situación que atravesamos y mayores dificultades para efectuar una denuncia forman un cóctel perverso que expone más a las víctimas.
Propuse al Gobierno de la Provincia tomar medidas extraordinarias para cuidar a las miles de mujeres que están pasando por una situación de violencia. Entre ellas, mayor presencia en el territorio de profesionales capacitados en la prevención y la contención, ayuda directa a los municipios para que atiendan eficazmente las emergencias, capacitación a las empresas de delivery para que detecten posibles casos de maltrato y participación permanente de las ONG vinculadas a la defensa de las mujeres y la igualdad de género en la toma de decisiones.
Otro caso, que acaparó la atención mediática en los últimos días, son las protestas cada vez más virulentas de presos en las cárceles bonaerenses, que reclaman su libertad ante las dificultades para implementar las precauciones sanitarias e higiénicas que exige la pandemia en establecimientos que tienen casi el doble de los internos que deberían alojar. Las prisiones domiciliarias de Boudou y D’Elia, más el pedido expreso de la Secretaría de Derechos Humanos para que se le conceda el mismo derecho al condenado por corrupción Ricardo Jaime, evidentemente estimulan reclamos de excarcelaciones de todos los colores.
Hay situaciones indignantes que rompen con cualquier tipo de grieta política y encuentran a las personas con sentido común y compromiso cívico del mismo lado. Han salido de los penales, beneficiados con el arresto domiciliario dispuesto por la Justicia, internos acusados y condenados por abuso de menores, violaciones y femicidios, entre otros delitos aberrantes. Agrupaciones feministas de todo el país, el colectivo de Actrices Argentinas y la misma Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad repudiaron estos casos y reclamaron que se tomen cartas en el asunto para rectificar estas disposiciones. Aquí no hay desinformación mediática ni oportunismo político de la oposición —como señaló el Presidente— sino un reclamo sensato y urgente que busca proteger a las víctimas de delitos gravísimos que bajo ningún aspecto justifican una carta de salida de la cárcel.
Se equivocan quienes pretenden correr el eje de la discusión. Solamente alguien desprevenido o malintencionado puede poner en tela de juicio el compromiso del radicalismo con los Derechos Humanos. Queremos cárceles que cumplan con los requisitos correspondientes para cuidar la salud de los presos y del personal de seguridad, administrativo y de salud que allí se desempeñan. Pero de ninguna manera las falencias estructurales del sistema penitenciario pueden servir de excusa para fomentar liberaciones masivas que ponen en peligro a familias indefensas y atentan contra el orden social.
No quiero dejar de mencionar la violencia política. Diez días atrás en Baradero sucedió algo que pasó desapercibido para mucha gente. Los concejales del Frente de Todos cambiaron la cerradura para no dejar entrar al recinto a los ediles opositores que querían sesionar. Que salieron de sus casas, tomando todos los recaudos, para trabajar por sus vecinos. Sencillamente una locura. Una falta de respeto enorme al cuerpo legislativo municipal, justamente donde deberían prevalecer las relaciones de confianza y cercanía entre sus miembros.
A nivel nacional, Juntos por el Cambio reclamó durante semanas que el Congreso funcione a un oficialismo que jugó a dilatar una y otra vez los plazos. Recién esta semana Sergio Massa se sentó con los líderes de los bloques parlamentarios a diagramar la estructura de las sesiones, a partir de la presión constante de la oposición republicana que no busca otra cosa que ejercer el mandato que le confirió la sociedad. Hay excelentes propuestas legislativas que merecen ser consideradas y enriquecidas con el aporte de todos los sectores.
El rechazo al debate público destruye cualquier posibilidad de construcción política colectiva, imprescindible para dar respuestas claras a la sociedad en medio de una crisis de este calibre. Ceder espacios a los fanatismos, a los sectores más radicalizados, dificulta el diálogo y empeora la calidad del trabajo político. Son tiempos en los que deben primar la moderación, la escucha y la celeridad para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.
Ninguna de las situaciones que mencioné son exclusivas de nuestro país. Cualquier lector atento puede observar cómo los países de Europa y Estados Unidos particularmente están sufriendo —en mayor o menor medida— circunstancias similares. Tampoco representan una novedad. No caigamos en la tentación simplista de adjudicarle a este virus males que indiscutiblemente lo preceden. La violencia de género, la crisis del sistema penitenciario bonaerense y las agresiones políticas nos acompañan e identifican tristemente hace tiempo.
No hay dudas de que esta realidad compleja exige medidas excepcionales, sostenidas por un Estado inteligente y valiente para intervenir con determinación en una coyuntura crispada y atípica. Pero no alcanza con cuidar la salud física de las personas. Tampoco son suficientes los alivios impositivos ni los ingresos monetarios de emergencia. La responsabilidad de gobernar implica, ante todo, velar por el bienestar general de la población, garantizando su seguridad, la paz social del país y el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas.
Diputada Provincial Alejandra Lordén – abril 2020
