Juani Dominguez – UCR Saladillo
La política energética del Kirchnerismo nos lleva nuevamente a un embudo de tarifas congeladas, alta inflación y aumento de subsidios. Esta película ya la vimos en el 2015, y terminó con hábitos de despilfarro e ineficiencia en la gestión.
La energía como pilar estratégico del crecimiento económico y emblema de soberanía nacional, va camino a la destrucción de la macroeconomía vía déficit fiscal y balance de pagos.
Hoy el sector energético argentino atraviesa nuevamente una situación límite y de gran fragilidad. Según el informe de Tendencias Energéticas del IAE Mosconi, en base a datos del BCRA, los subsidios anuales acumulados destinados a energía alcanzaron los 5.951 millones de dólares. De esta manera, el año 2020 termina con un nivel de subsidios energéticos 26% superior a 2019, medido en dólares.
Este valor, visto desde los consumidores, significa que, el precio promedio que paga la demanda, solo alcanza a cubrir el 54% del costo de la generación eléctrica y de la producción de gas natural en cada caso. Podemos afirmar que hoy pagamos la mitad de lo que realmente vale generar energía y todo el resto lo cubren los subsidios que continúan una senda de creciente aumento.
Si hacemos memoria y comparamos, en 2015 el precio de los servicios energéticos alcanzaba a cubrir solo el 30% del costo del gas natural y el 15 % en el caso de la energía eléctrica. La contrapartida fue una enorme masa de subsidios que, para ese año, representaron un 2.3% del PBI y explicaron más de la mitad del déficit fiscal.
Luego vino la política tarifaria del gobierno de Cambiemos. La misma, tuvo como proa fiscal la reducción de subsidios. Un costo político significativo, y bien popularizado por el kirchnerismo bajo el lema «tarifazo». El resultado, sin embargo, mostró que para febrero de 2019 la relación precio/costo de la energía eléctrica alcanzó el 82% y en gas natural a residenciales superó el 90% de cobertura. Este esfuerzo realizado y mal comunicado, va camino al olvido.
El 2021, entre pandemia, crisis energética y congelamiento de tarifas nos encuentra con un gobierno nacional desorientado, sin plan energético y con cuatro grandes restricciones.
1) La cuestión social. La pobreza supera el 45%, la inflación del año que paso superó el 36 % y una familia de cuatro personas tiene que tener ingresos de $54.208 para acceder a la canasta básica total. Esta descripción contempla, además, los dos años de congelamiento de tarifas de transporte y distribución energética que se cumplirán el próximo abril. Dicho esto, la pregunta que surge, es: ¿Qué mecanismo se utilizará para focalizar los subsidios a la población más vulnerable? ¿Cómo impactará esa resolución en el bolsillo de la clase media?
Los que hicieron del «tarifazo» un eslogan vacío y oportunista durante cuatro años se enfrentan a la necesidad de una brusca actualización de tarifas. Abril es la fecha límite para definir la implementación de los aumentos, que comenzarán a tener efecto pleno en las tarifas de julio y agosto. Periodo donde se da el pico máximo de consumo en invierno, y donde estará en plenitud la contienda electoral.
2) La cuestión Fiscal. La foto del 2020 mostro un déficit fiscal del Tesoro nacional que representa el 8,2% del PBI. Esto está financiado, en un 88%, por emisión monetaria en un país que, paradójicamente,no tiene moneda. Pero también se presenta como condicionante para el gobierno el «control del gasto», ya que necesita financiamiento externo y se encuentra en el medio de una negociación con el FMI crucial para poder ordenar la macroeconomía.
3) La cuestión de la calidad de servicios. Al creciente deterioro en el equilibrio económico y financiero de las empresas prestadoras de los servicios, se le suma la ausencia de inversión en el sector. En particular de la distribución de gas natural y energía eléctrica. Ante la indefinición del gobierno, indefectiblemente todo esto se va a traducir en una drástica baja en la calidad de los servicios, como ocurrió durante los últimos 5 años de gobierno kirchnerista.
4) La cuestión política; Podríamos resumir este ítem con dos palabras: incapacidad política. El “discurso del político” ya no resuelve problemas ni crea bienestar. Tampoco sirve para gobernar. La política se ve obligada a volver a los “programas de gobierno”, pero esencialmente, a cumplirlos.
¿Se puede lograr un Plan Nacional de Energía que resulte una política de Estado en la materia? Para hacerlo, lo principal será comprender que el problema ya no es simplemente del sector energético. Que excede totalmente a los funcionarios del área, y hasta al propio gobierno. El sector, hoy, desbalancea a toda la economía y vuelve a la Argentina inviable.
Lamentablemente, más que una “política de Estado”, las señales que brinda el oficialismo van por el camino de viejas recetas que conducen al congelamiento eterno, a la emergencia permanente y al déficit fiscal para todos y todas.
