Los argentinos sabemos, porque lo vivimos, que las sociedades que más progresan son las que tienen educación accesible. También sabemos que no hay manera de progresar sustentablemente con un Estado que expande el gasto irracionalmente y usa la inflación como un placebo que lo sostiene a expensas de los más débiles. Y también somos conscientes que en pleno siglo XXI, buena parte de la energía del progreso pasa por darle a la mujer igualdad de acceso a los derechos, libertades y oportunidades respecto a los hombres.
Este último concepto, compartido por todos o casi todos, se había convertido en un dogma de la política argentina sobre el cual todos coincidíamos, pero que no se manifestaba con contundencia en hechos concretos. Hasta la semana pasada.
En una suerte de pacífica revolución de la igualdad, la agenda de género que hace un par de años gana terreno en las calles, se convirtió en una agenda felizmente prioritaria para el Estado Nacional.
En política hay dos grandes grupos que trascienden ideologías, partidos y fronteras: los que comentan la realidad y los que transforman esa misma realidad. Cambiemos ha decidido, hacer de la agenda social de género, una agenda pública, argentina, integradora; de todos y así transformar una realidad híper comentada y poco intervenida.
Hay quienes descalifican esta identificación de Cambiemos con la agenda de género hablando de utilización política u oportunismo. Pero en el fondo, incluso esa pretendida descalificación es un halago: hablan de un Gobierno sensible a los temas públicos, a las preocupaciones ciudadanas y a los temas trascendentes; un gobierno con los pies en la tierra.
En este marco, el proyecto de equidad de género e igualdad en el trabajo, es doblemente relevante. Lo es, porque implica un freno a la discriminación que sufren miles de mujeres argentinas que trabajando lo mismo que sus compañeros hombres, reciben un salario inferior. Y lo es, porque implica que el Estado se hace cargo de la desigualdad para transformar esa realidad que duele.
La propuesta de ley, establece que las empresas deberán tener códigos de conducta internos para evitar la discriminación contra la mujer, en lo que el claramente una medida a la vez preventiva y concreta, dado que dará visibilidad y pondrá coto a pequeños hechos discriminatorios que suceden rutinariamente en el ámbito laboral.
Por su parte, las organizaciones sindicales deberán abrir sus estructuras a la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Y habrán de hacerlo no solo de palabra, sino con las modificaciones estatutarias que correspondan.
Estos cambios se complementan con una disposición igualitaria de las licencias laborales que incorporan situaciones de violencia de género, la realidad de los padres con niños menores de cuatro años y la posibilidad de acordar con el empleador la reducción transitoria de la jornada laboral cuando hubiera niños a cargo o en los meses posteriores a la reincorporación luego de la licencia por maternidad.
La propuesta del Gobierno en materia de equidad en el trabajo, es una oportunidad para todos. Miles de argentinas han luchado durante largas décadas para que la problemática de género adquiriese importancia pública, hacer que esa agenda pública se convierta en leyes que se efectivicen, es el desafío de la política y es la responsabilidad que ha tomado Cambiemos.
La tarea de un gobierno es, a grandes trazos, mejorar la calidad de vida de la sociedad cuyo Estado administra. La agenda de género es mucho más que un conjunto de reivindicaciones, estamos aprovechando la oportunidad de crear igualdad de condiciones, potenciar las oportunidades de desarrollo colectivo y generar una Argentina moderna, donde las libertades escritas se conviertan en libertades ejercidas.
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