El escándalo por las graves irregularidades registradas durante la investigación del homicidio de Marisol Oyhanart sumó nuevos sospechosos. A los siete efectivos de la Policía Bonaerense bajo investigación se agregaron a la lista de funcionarios sospechados la máxima responsable del Ministerio Público en Saladillo y un secretario de la fiscalía.
Mediante un dictamen elaborado durante la última semana de 2015, la fiscal de La Plata, Bettina de Lacki, pidió que se investigue a la fiscal de Saladillo, Patricia Hortel, y al secretario de dicha dependencia judicial por «la posible comisión de un delito de acción pública».
La resolución fue dictada en los sumarios 7912-15 y 16544-15, donde ya figuran como acusados siete efectivos de la policía bonaerense que se desempeñaban en las comisarías de Saladillo y de Bolívar, quienes habrían borrado pruebas que comprometerían en el asesinato a un empresario agropecuario de la zona, ex amante de la víctima.
Marisol, de 38 años, maestra jardinera y madre de tres hijos, fue asesinada el 14 de abril de 2014 en Saladillo. Hasta el momento no hay ningún detenido por el homicidio. Pocas horas después del hallazgo del cuerpo en una zona de taperas situada al costado del camino por el que la víctima había salido a caminar, la fiscal Hortel, a instancias de un grupo de policías de Saladillo, pidió la detención de Johnatan Bianchi por su presunta responsabilidad en el asesinato.
Sin embargo, el juez de Garantías de La Plata, César Melazzo, rechazó la solicitud de la representante del Ministerio Público porque consideró que no había pruebas suficientes. Todos los testigos que habían señalado a Bianchi como el sospechoso que merodeaba por la zona de taperas donde fue hallado el cuerpo de Marisol, le dieron la razón a Melazzo, debido a que no lo identificaron en la rueda de reconocimiento.
Ante el estancamiento de la investigación por el homicidio de Marisol, los abogados que representan a Sergio Rachit, esposo de la víctima, recusaron a la fiscal Hortel y pidieron que se aparte de la instrucción del sumario.
Luego, los letrados que representan a la familia de Marisol, Pablo Hawlena Gianotti y Walter Vaccarini presentaron un escrito en el que describieron una serie de irregularidades que avalaban la presunción de que al menos siete policías plantaron pistas falsas para desviar la investigación hacia el imputado Bianchi, quien nada tenía que ver con el homicidio.
A partir de esta denuncia, el juez Melazzo ordenó que se iniciara un expediente para investigar si los policías habían borrado pruebas.
Esos elementos apócrifos incluyeron la presentación de testigos que nunca reconocieron a Bianchi.Otro hecho que se tuvo en cuenta para avalar las sospechas contra los policías estuvo relacionado con la búsqueda de Marisol. La maestra jardinera había desaparecido el 14 de abril, cuando salió de su casa, después de las 15, para realizar una caminata.
A partir de ese momento comenzó su búsqueda. El rastrillaje incluyó la participación de policías, personal de Defensa Civil de la municipalidad de Saladillo y bomberos. La búsqueda se suspendió durante la madrugada. El cuerpo de Marisol fue hallado minutos después de la reanudación del rastrillaje, curiosamente en la zona de taperas que ya había sido revisada durante la noche y la madrugada.
Con la declaración de los técnicos de la Policía Científica que hicieron el levantamiento del cuerpo y de la forense que realizó la autopsia, se llegó a la conclusión de que el cadáver fue colocado en ese lugar supuestamente en la ventana de tres horas que hubo entre la suspensión de la búsqueda y la reanudación del rastrillaje.
En diversos escritos presentados ante la Justicia, los querellantes sostuvieron que algunos de los siete policías denunciados por el encubrimiento dieron la orden de suspender la búsqueda para colocar el cadáver de Marisol en el descampado en el que fue hallado, con el objetivo de involucrar a Bianchi.
Uno de los fundamentos de la denuncia presentada por la querella contra la máxima referente del Ministerio Público en Saladillo fue que nunca ordenó la realización de peritajes para determinar con qué elemento habían sido hechas las quemaduras que los forenses hallaron en el cuerpo de la víctima, indicio de que el asesino la torturó.
Esas quemaduras estaban en el cuerpo de la víctima y en la calza que llevaba puesta cuando la mataron. Un grupo de peritos de la Policía Científica indicó que esa calza y las zapatillas de la mujer habrían sido llevadas personalmente por la funcionaria judicial dentro de una bolsa de plástico negro, sin cumplir con el protocolo propio de la cadena de custodia para el traslado de pruebas forenses.
Luego del dictamen en el que sugirió investigar a su colega Hortel y al secretario de la fiscalía de Saladillo por la «presunta comisión de un delito de acción pública», la fiscal Lacki se excusó de intervenir por su relación de amistad. Lo mismo había ocurrido con otro fiscal platense, Álvaro Garganta, quien tuvo el expediente contra los siete policías acusados durante varios meses.
POR: Gustavo Carabajal para LA NACION
