Viviana Rodríguez, Secretaria de Gobierno; Marisa Delía, de la Subsecretaría de Desarrollo Humano; y Analía Miranda y Lorena Freccero, de la Dirección de Infancias y Adolescencias, brindaron detalles sobre un hecho personal que vislumbró una problemática social que golpea duramente a las niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Se hizo de público conocimiento en los medios de comunicación la situación de una niña de 16 años que expulsó un embrión de menos de 120 días y 200 gramos de peso, lo que fue considerado como aborto espontáneo (por supuesto pero, por sobre todo, por ley). La situación de revictiminización se agravó cuando intervino un grupo de índole religiosa, quienes no conformes con cuestionar la práctica abortiva, procedieron a romper las cañerías para encontrar el residuo patogénico, según contaron las fuentes oficiales.
Este grupo junto a la familia lavó y colocó en una caja al residuo patogénico, y a partir de allí solicitó la intervención de un área del Municipio. La intención del grupo fue en principio solicitar el entierro del feto: por cuestiones lógicas, y aunque resulte increíble tener que discutirlo, no existe un certificado de defunción para estos casos ni tampoco delito o crimen, ya que también se solicitó intervención de la comisaría -lo cual, por supuesto, se desestimó-.
A propósito de esta situación de criminilización hacia una niña en total estado de vulnerabilidad, y su revictimización en un momento ya de por sí difícil, hicieron referencia las autoridades municipales al contar, además, el trabajo en conjunto con Servicio Local y el Hospital Dr. Posadas.
