En 2018, los juicios laborales en la provincia de Buenos Aires cayeron un 24% con respecto a 2017, y particularmente los procesos por accidentes se desplomaron 50 por ciento, cuando el año pasado se habían incrementado un 121 por ciento.
A partir de un informe de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, presentado esta semana a raíz del proyecto de reforma del fuero laboral que propone el Ejecutivo, y que implica la división de los actuales tribunales en juzgados unipersonales y la creación de instancias regionales de revisión, se pudo ver cómo descendieron los casos.
De acuerdo al documento que maneja el máximo tribunal de la Provincia, en lo que va de 2018 el inicio de juicios laborales disminuyó notablemente. En base a esos datos, se proyecta una caída del 24 por ciento para todo el año. En ese sentido, los pleitos iniciados por accidentes laborales (una de cada tres causas) retrocedieron a la mitad, cuando el año precedente habían dado un salto del 121 por ciento.
Las estadísticas de la Corte reflejan un incremento parejo en el período 2008-2016 (con algunos años de decrecimiento), y un salto impresionante a partir de 2017: 35 por ciento en general, 121 por ciento para el caso de los accidentes laborales.
El pico de crecimiento del año pasado está relacionado también con las ART: desde febrero de 2017 la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la nueva ley nacional, lo que produjo un traslado masivo de causas a la provincia, principalmente a los juzgados del Conurbano bonaerense
Desde la Corte aseguran que «los cambios viene con la entrada en vigencia, en enero, de la adhesión a la ley nacional de riesgos de trabajo, un procedimiento que crea instancias intermedias para desalentar la litigiosidad en casos de accidentes».
Recordemos que la nueva ley de Riesgos de Trabajo convirtió en obligatoria la actuación de las comisiones médicas, una instancia que hasta entonces era optativa, puesto que los trabajadores, ante un accidente, podían recurrir directamente a la Justicia.
Con los cambios, ahora son las comisiones médicas las que determinan no solo el grado de lesión, sino también la indemnización que le correspondería al trabajador afectado. Recién después de ese proceso, y en caso de no estar de acuerdo con la decisión, el damnificado puede recurrir a la Justicia.
Por su parte, el representante del Foro Permanente del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Nicholson, expresó que «este procedimiento retrasa entre 6 y 8 meses los procesos judiciales», al tiempo que agregó: «Lo que está ocurriendo ahora es que hay un tapón para ocultar las estadísticas», sostuvo el abogado.
De este modo, para Nicholson no hay una caída en los niveles de litigiosidad, sino apenas un traslado de causas hacia Capital Federal y un «stand by» a raíz del alargamiento de los procesos.
