En un nuevo aniversario del Ni Una Menos, el hecho social que transformó la escena política para el movimiento de mujeres, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense reflexionamos sobre la dimensión que tiene la implementación de las políticas públicas de género en el marco de la salida de las violencias.
En base a los reclamos que ingresan a la Defensoría en materia de violencia por motivos de género, se observa una necesidad de apostar al fortalecimiento de las redes institucionales, para garantizar el circuito que se produce con el inicio de la denuncia, que es una herramienta de alerta necesaria para la intervención de la Justicia y el Estado en su conjunto.
Es fundamental que las personas en situación de violencia por razones de género se sientan protegidas y contenidas para poder tomar la iniciativa de cortar los vínculos violentos. Sólo puede lograrse si se garantiza la aplicación de las normas de protección de derechos. En este sentido, seguir ampliando derechos en materia de acceso a la vivienda, al trabajo y a los espacios de cuidado para las niñeces es un elemento fundamental que aporta a la integralidad del abordaje desde un enfoque interseccional y de inclusión social.
Desde el Estado es fundamental profundizar en la corresponsabilidad social ante esta problemática. Esto se puede observar en casos donde la pobreza en la que se encuentran las personas vulneradas se ve reforzada luego en los vínculos violentos en las relaciones de pareja, o que reclamos de violencia en el ámbito laboral son subestimadas por la institución al requerirse como evidencia únicamente las lesiones en el cuerpo.
La salida de las violencias por motivos de género requiere de un proceso de intervención, acompañamiento y seguimiento integral muy complejo. Cuando una mujer, lesbiana, travesti o trans+ decide o se ve en la necesidad de pedir ayuda, inicia un recorrido que puede tener muchos obstáculos institucionales. Esto implica un desgaste y esfuerzo enorme de las personas violentadas frente a una estructura judicial que en muchos casos se muestra inconmovible.
En este sentido, son fundamentales las redes de instituciones territoriales -constituidas bajo la órbita de las direcciones o secretarías de políticas de género y diversidades-, las comisarías, las dependencias judiciales y distintas delegaciones de organismos provinciales y nacionales con asiento en los municipios. Por eso, es digno de valorar el tenor que pueden alcanzar estos vínculos si logran articular e intervenir de manera planificada y conjunta. En este sentido, la Defensoría, a través de sus delegaciones y de sus áreas temáticas, contribuye diariamente de acuerdo a la relevancia de cada caso que así lo requiera.
Hemos asumido el desafío y el compromiso de trabajar para visibilizar situaciones de violencia por motivos de género, que siguen siendo naturalizadas e incuestionables, como el acoso por razones de género y abuso sexual en el ámbito laboral, la desvalorización de las tareas de cuidado, la feminización de la pobreza, los estereotipos de maternaje y la libertad para decidir la realización personal en todos los ámbitos.
