María Mancini, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, fue consultada por la media sanción de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Plan de los 1000 días. Mancini admitió que le impacta “fundamentalmente el tema de la salud pública” y que, a pesar de que a la legalización del aborto lo “atraviesan diferentes partidos políticos”, “también tiene que ver con una línea política de nuestro partido de ir avanzando en términos de derechos”. A continuación, la entrevista completa:
-Luego de la media sanción a los proyectos del Ejecutivo nacional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 días, ¿cómo asumió el Frente de Todos esta novedad?
Tanto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como la de los 1000 Días, no están circunscriptas políticamente a ningún partido: atraviesan diferentes partidos políticos, sectores e ideologías más allá que haya sido presentado por nuestro presidente. Era un compromiso de campaña.
También tiene que ver con una línea política de nuestro partido de ir avanzando en términos de derechos: derechos sociales, del niño, de la mujer… Leyes como la del Matrimonio Igualitario y Voto Femenino, están enmarcadas por decisiones políticas impulsadas desde nuestro sector.
En general nuestro bloque adhiere. Personalmente, por supuesto que adhiero: estuve muy a la expectativa durante todo el proceso del 2018, en donde se dio el gran debate concentrando toda la historicidad de la lucha. Bienvenido y espero que pueda ser ley a partir del tratamiento en el Senado.
-¿Qué diferencias hay con respecto al 2018? Ya que en ese año también se aprobó en la Cámara de Diputados, y fue en el Senado en donde no se llegó al consenso para convertirlo en ley. ¿Hay optimismo para que este año el desenlace sea otro?
Hay muchas más posibilidades, ha cambiado la conformación tanto de diputados como de senadores, y hay un proceso de maduración hacia adentro en cada uno de los bloques políticos, se ha dado también la libertad para que cada legislador tome una decisión en el marco de sus convicciones…
La del Plan de los 1000 días prácticamente no tiene discusión, porque tiene que ver con el cuidado y atención de la madre y de los niños, para decirlo de forma muy sintética, y es totalmente complementaria al proyecto del aborto. La opinión pública y muchas de las personas que se oponen siguen sin interpretar ni detenerse a analizar lo que significa la interrupción legal del embarazo.
Se ha permitido retomar y hacer un análisis a conciencia de lo que sucedió, de cómo el tema quedó instalado en la sociedad por cómo ha sido la lucha de la mujer y la firmeza con la que se manifestó. Entiendo que la vicepresidenta, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, también es un eje fundamental en la toma de decisión en su lugar de vicepresidenta y presidenta del Senado.
-¿Los representantes políticos tratan de ir a buscar a los compañeros de sus respectivos espacios políticos, para interpelarlos o convencerlos?
Sí, pero cuando hablamos de convencimiento lo hacemos en el buen sentido, como todas las leyes que generan grandes cambios, leyes de impacto social –como el Matrimonio Igualitario-, que sacuden esquemas tan profundamente arraigados en la sociedad. Frente a un proyecto de ley u ordenanza que te genera muchas dudas, uno tiene que ‘hacer una lista’ de los pro y los contra, para decirlo fácilmente: y siempre el voto debe decidirse, entiendo yo, por la mayor cantidad de beneficios que genere en términos de ciudadanía.
Uno tiene que medir en cómo la sanción de una ley puede generar un cambio que va a redundar en mayores beneficios para la sociedad. Si vos lo analizás, como legislador en el nivel que sea, es esto lo que se tiene en cuenta.
Hay diferentes números, pero hay entre 350.000 y 500.000 mujeres que abortan de forma clandestina en el sistema de salud argentino. Entonces, poner a esas mujeres en un sistema de salud ilegal no es poca cosa: por lo que ocasiona para la salud de esa mujer, en términos del impacto en la familias por la enfermedad o muerte de esa mujer, y también si se quiere en términos económicos y sanitarios, por lo que genera al sistema de salud atender a una mujer con consecuencias de un aborto en malas condiciones.
Es muy amplio lo que tenés que analizar, y creo que en estos términos los legisladores deciden: esta decisión de legalizar una práctica que en la clandestinidad se realiza, cómo impacta positivamente en la sociedad.
-De todos los argumentos que se expusieron en el debate en la Cámara, ¿cuál es el que más te convence o sobre el que más harías hincapié? ¿En la cuestión de la salud pública, en la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos, en la cuestión económica…?
A mí me impacta fundamentalmente el tema de la salud pública, pero no solamente situado en el Estado y alejado de los demás. Cuando hablamos de salud no significa sólo la física, sino la psíquica, mental y emocional. Cómo impacta en vos someterte a un aborto clandestino, sin información a veces, con los prejuicios que acarrea.
-Como legisladora de Saladillo, ¿cómo se puede acompañar este proyecto si se aprueba en el Senado?
Una vez que sea ley, lo que hay que vigilar y atender –y si es necesario legislar en ese sentido- para que la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y los 1000 días pueda llegar a cada uno de los efectores de salud en la forma que corresponde; que se haga un trabajo fuerte en la educación y prevención y que llegue a todos los barrios; seguir acentuando la distribución de los métodos anticonceptivos…
Eso tenemos que hacerle entender a la sociedad, que nadie está invitando a abortar: está poniendo en el sistema de salud formal una práctica que se hace y, de hecho, de mala manera. Hay instancias previas, y eso es lo que tenemos que fortalecer, para que en cada rincón del país esa instancia del aborto sea la última, luego de un proceso de prevención y enseñanza en el que Estado brinde herramientas.
