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La postura tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de aumentar casi un 20% para los clientes de mayor consumo y hasta 29% para los que menos gastan. “En lo últimos años la luz se incrementó un 1.500%, lo que va en contra de los principios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y proporcionalidad que el servicio debe tener”, indicó Lorenzino.
En ese sentido, precisó que “la suba, sumada a las del servicio de gas, del agua potable, cloacas y transporte, son un combo fatal para la economía hogareña y del comercio. Además, afecta con dureza a las Pymes, golpeadas por la apertura indiscrecional de las importaciones y por el grave proceso inflacionario que atraviesa el país”.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo indicó que los mayores incrementos en el servicio eléctrico se dieron en el Gran Buenos Aires, la región donde se concentra la población con mayor grado de vulnerabilidad social y económica, y donde las tarifas sociales además de ser insuficientes no llegan a gran parte de la población que debería tenerlas.
“Todos los aumentos que se produjeron no encuentran correlato en la prestación del servicio, ya que no se ve una mejora en el servicio sino que, por el contrario, cada vez se reciben mayores reclamos por un servicio deficiente y cada vez es más caro”, detalló Lorenzino.
