La ex presidente Cristina Kirchner se presentó a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno en la que se investiga un presunto circuito de corrupción entre funcionarios y empresarios en torno a la obra pública. Durante su breve comparecencia, presentó tres escritos: el primero estuvo compuesto por el núcleo duro de su presentación, en el segundo planteó la nulidad de la causa y en el tercero recusó al fiscal federal Carlos Stornelli y al magistrado Bonadio.
La senadora fue citada a declarar luego de que los escritos del ex chofer de Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista, y el testimonio de algunos empresarios «arrepentidos», como Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), la vincularan con la trama de corrupción que se investiga.
A las 9:24, la ex Presidente salió de su departamento de la calle Juncal. Esa dirección aparece varias veces en los cuadernos como destino final de las coimas que pagaban los empresarios. Había apenas un puñado de militantes, pero mucha expectativa periodística. De hecho, la ex jefa de Estado miró a un periodista que la golpeó cuando intentaba entrevistarla.
A las 9:36, arribó a Comodoro Py a bordo de un Toyota gris. La expectativa periodística era aún mayor. Hubo muchos gritos y alguna voz de apoyo a lo lejos. «Viva Cristina», se escuchó. Allegados a la ex mandataria aseguraron que los dirigentes cercanos al papa Francisco Juan Grabois y Eduardo Valdés fueron a los tribunales a respaldarla.
El juez Bonadio ya procesó a la ex Presidente con prisión preventiva en diciembre de 2017 por traición a la Patria, a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA. En aquella oportunidad, le solicitó al Senado que iniciara inmediatamente el proceso de desafuero de la ex Presidente. Hasta el momento, no se trató.
A través de las redes sociales, CFK pidió a la militancia de Unidad Ciudadana que no se movilice en su apoyo frente a los tribunales de Comodoro Py. Según se supo, Cristina no contestará preguntas y se limitará a presentar un escrito.
De acuerdo con los cuadernos de Centeno, Baratta recogía las coimas de diferentes empresarios para luego entregar el dinero en el departamento que compartían Néstor y Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, en la Quinta de Olivos o en Jefatura de Gabinete. Es por eso que el fiscal Carlos Stornelli la investiga como jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de retornos.
En paralelo a la indagatoria, el juez Bonadio envió un pedido al Congreso para que habiliten allanamientos en los domicilios de Cristina Kirchner, actual senadora nacional, por esta misma causa.
La Cámara alta sesionará el próximo miércoles para tratar esta solicitud del magistrado, aunque en el Bloque Justicialista, de cuyo voto depende la aprobación para que la Justicia avance con los allanamientos, no hay aún una postura definida sobre el tema.
Hasta el momento, la causa que sacudió el escenario político tiene a ocho empresarios arrepentidos, 15 detenidos y 38 imputados.
Cristina Kirchner abandonó Comodoro Py a las 11.13 de la mañana. Se fue de los Tribunales con cara seria y una expresión distinta respecto a la de su llegada. Les dijo «Gracias» a algunos ciudadanos que le mostraron su apoyo y se subió sin decir más al mismo vehículo en el que había acudido a los Tribunales.
El descargo político que realizó Cristina Kirchner en las redes sociales:
Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona.
Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o «no Juez» que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI.
Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa.
Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri.
Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás «Nicky» Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la «Patria Contratista» surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ’90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas.
Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país. A continuación, les dejo los escritos que presentaremos el día de hoy.