Esta mañana, el Municipio elevó al Honorable Concejo Deliberante un Régimen sancionatorio excepcional del Coronavirus, el cual se tratará y se aprobaría el mismo viernes para entrar en vigencia el fin de semana. Quien incumpla a los actos administrativos municipales pueden ser sancionados por el Juzgado de Faltas dependiendo del grado de responsabilidad, con entre 20 y 1000 módulos a valor de $109 cada uno, es decir: con entre $2180 y $109.000.
Algunas de las disposiciones por las cuales podrían ser penadas las personas humanas y jurídicas (comercios) son: reuniones familiares o sociales, el no uso del barbijo, permanencia en espacios públicos, horarios de cierre en comercios, cumplimiento de protocolos, entre otros. Los responsables de llevar a cabo este tipo de infracciones serían la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, a través de la Dirección de Seguridad Vial –Tránsito- y Policía de la Comisaría Distrital.
Esta disposición aceleraría el proceso de notificación o intimación al infractor, ya que las violaciones a los decretos nacionales constituyen un delito federal y absorben competencia las fiscalías federales (la de Saladillo es en Azul).
“Nos cuesta mucho hacer cumplir cuestiones con las que venimos machacando, dicho burdamente, en los medios de comunicación y las redes. Nos cuesta demasiado el acatamiento. La idea de la normativa a nivel local hace que la persona que tuvo un acta de infracción va a ser rápidamente notificado y tendrá que ir a una audiencia de descargo, un proceso más rápido. Este proyecto no busca recaudar, sino hacer que la gente cumpla; y como nos cuesta mucho, y en generalidad tendemos a incumplir porque somos un poco hijos del rigor, eso es lo que viene hacer el proyecto. No nos queda otra opción que plantearlo de esta manera para que no lo hagan”, contó la Subsecretaria de Legales y Técnica del Municipio, Yamila Artigas.
