El Gobierno hizo lugar al creciente reclamo de ruralistas y anuló la denominada “Clausula Monsanto”, mediante la cual la multinacional avanzaba en su intención de cobrar una regalía del orden de los 14 dólares por tonelada de comprobar que una carga de soja para exportación posee su nueva variedad de tecnología conocida como “Intacta RR2 PRO”. Tras la exigencia de productores al Ejecutivo para que tome cartas en el asunto, este jueves el Ministerio de Agroindustria invalidó los procedimientos de análisis y fiscalización de semillas como los impulsados por Monsanto, requiriendo que, a futuro, los mismos “deberán contar para su implementación, con la previa autorización” de la cartera agroindustrial.
En una resolución firmada por el ministro del área, Ricardo Buryaile, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, se detalló que es deber primordial del Ministerio de Agroindustria “velar por el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico en toda la temática que hace a su específica competencia” y que, en este sentido, “se desestima todo mecanismo y/o procedimiento no contemplado en el marco legal vigente que atente contra las operaciones comerciales del sector agropecuario, tanto sea, en el mercado interno como en la apertura y consolidación de mercados externos”.
De la misma forma, se remarca que “el funcionamiento de cualquier sistema, procedimiento o método que se utilice en el comercio para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar granos y sus subproductos debe ser previamente autorizado por esta cartera ministerial y llevado a cabo bajo su supervisión, no resultando eficaz ni válido ningún sistema, procedimiento o método que incumpla con tales directrices”.
Así, en los considerandos se expresa que esta medida surge a los fines “de que no se creen obstáculos a la comercialización de granos y preserven los derechos de todos los actores que integran la cadena de comercialización de granos”.
Por todo esto, se dispuso que todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, “deberá contar para su implementación, con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria.
Y se determinó que procedimientos (como la Clausula Monsanto) que incumplan con lo establecido anteriormente “serán considerados inválidos como así también las obligaciones que de ellos deriven”.
La medida ministerial surge tras un fuerte y creciente malestar de productores ante esta avanzada de la multinacional semillera: “Pretenden un cobro de regalías permanente en el tiempo y que implica la fiscalización de toda la soja que ingrese a puertos”, había señalado al respecto a Letra P semanas atrásJorge Solmi, ex diputado bonaerense y miembro de la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que había ampliado una denuncia contra Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “abuso de posición dominante”.
