A pocos días de que Alberto Fernández asuma el poder, el exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime rompió el silencio y dijo que es víctima de una persecución política y judicial.
«Esto fue digitado por el presidente saliente, Mauricio Macri, y su mesa judicial», afirmó el exfuncionario en una entrevista que concedió a la radio AM 530 desde el penal de Ezeiza.
Jaime, que está condenado a cuatro años de prisión por enriquecimiento ilícito y a ocho años por la tragedia de Once, se quejó de sus condiciones de detención. Su defensa pidió hoy que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria.
Según el exfuncionario, la «persecución» judicial contra el gobierno del kirchnerismo comenzó con la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 52 personas. «Instalan esta frase de que la corrupción mata», afirmó.
Jaime apuntó contra Marcos Córdoba, el motorman del tren que chocó en la estación de Once el 22 de febrero de 2012. Dijo que en los dos juicios «quedó demostrado que lo de Once no fue una tragedia, sino un crimen cometido por una persona». Y afirmó que los supuestos «autores intelectuales» del choque «están impunes».
«Al tren de Once lo mandaron a chocar, no tengo ninguna duda», lanzó. Y agregó: «El tren no frenó los últimos 800 metros. Si el motorman se hubiera desmayado, lo hubiera dicho. Ese choque fue a propósito».
En abril de 2016, Jaime se convirtió en el primer funcionario kirchnerista en quedar detenido por una causa de corrupción. En ese momento el juez Julián Ercolini pidió su detención por malversación de caudales públicos en el marco de la investigación por la compra irregular de trenes a España y Portugal.
Pidió la prisión domiciliaria
Los abogados de Jaime pidieron hoy que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria en la causa por la tragedia del tren de Once. El planteo fue hecho ante el Tribunal Oral Federal 2, según consignó la agencia Télam.
Jaime cumple con esa condena en la cárcel de Ezeiza desde el 5 de octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación confirmó el veredicto y, en su caso, elevó la pena fijada de seis años de prisión a ocho. El exfuncionario ya estaba para ese entonces detenido con prisión preventiva desde 2016, en otras causas penales por presunta defraudación.
El exfuncionario pidió que se le conceda el arresto domiciliario por supuestos problemas de salud. También dijo que necesita cuidar a su madre «de avanzada edad» y a un hermano que sufre una enfermedad terminal.
Los abogados del exfuncionario, Darío Vezzaro y Eduardo Caminos, aludieron además a las reformas del Código Procesal Penal que pusieron límites a las razones para fundar prisiones preventivas.
fuente: la Nacion
