La medida alcanzó a un total de ventitres imputados, 13 ex funcionarios y 10 empresarios, a los que el magistrado ordenó trabarles embargo por 440 millones de pesos.
El Plan Qunita consistía en entregar a 140.000 mujeres embarazadas y sin otra cobertura social un kit de elementos para los primeros tiempos del bebé, para lo que se destinaron 1.100 millones de pesos.
El kit contenía una de cuna de madera con colchón y acolchado, juego de sábanas y toallas, enteritos de manga larga y corta, bolsa y cambiador, además de chupete, mordillo, extractor de leche materna y un termómetro digital, así como un tarjetón identificatorio y un diario para que la mamá registre el historial de su hijo, en entre otros elementos.
La denuncia fue hecha por la legisladora porteña y ex ministra de salud Graciela Ocaña, en base a que las seis empresas adjudicatarias tenían razones sociales ajenas a la elaboración de los productos del kit o tenían poco tiempo de existencia y cuatro eran de la ciudad de La Plata.
«Ha quedado acreditada la materialidad de los hechos, que demuestran que desde el comienzo del proyecto de compra del kit QUNITA, ya había seis ganadores prefijados», sostuvo Bonadío en una resolución de 155 carillas.
Para el juez, el escaso tiempo entre el inicio de la licitación, en enero del 2015. y la adjudicación, en junio, es un indicador de la existencia de un plan ya que «limitó la oferta a unos pocos proveedores capaces de cumplir con todo lo requerido».
Tras conocer la decisión, el ex jefe de gabinete dijo ser ajeno a los hechos ya que la apertura de la licitación ocurrió antes de su llegada a ese cargo. «Yo asumí el 26 (de febrero de 2015), con lo cual yo nada puedo tener que ver con eso», dijo.
No obstante, dijo esta estar convencido de haber actuado «ajustado a derecho» ya que «no había razón alguna» para rechazar la licitación dado que en ningún tramo de la misma hubo observaciones o impugnaciones.
En su resolución, Bonadío sostuvo que «se diseñó un pliego de un único renglón expresamente vedado por la legislación», con entregas sucesivas que permitirían a las empresas ir financiándose a través de cada entrega parcial».
Además sostuvo que los precios de las ofertas «fueron elevados y abusivos» y registraron una «diferencia abismal» de casi el 100 por ciento con los precios de referencia proporcionados por la Sigen, $4.096,37 por kit, y las ofertas ganadoras, de entre $ 7.730 y $ 7.850.
Antes de la feria judicial de enero los abogados de Fernández hicieron un «planteo de nulidad» de la causa que debe resolver la Cámara federal ya que, según afirmó hoy el ex jefe de gabinete, estuvo «plagada de irregularidades».
Para Ocaña, en cambio, se trató de «»un negociado enorme» montado «sobre «una buena idea», como es asistir «a los chicos mas humildes».
En declaraciones a un canal de televisión aseguró que un ajuar como el incluido en el kit «se consigue en el barrio del Once por 4.100 pesos a precio minorista».
También aseveró que «esto se pergeñó desde lo más alto de la Casa Rosada, que dio orden de armar así la licitación, y sectores de La Cámpora han tenido intervención en esto».
En su descargo, funcionarios u proveedores ahora procesados adujeron que ese cálculo no tiene en cuenta los gastos de logística, como el armado y almacenamiento de los kits, y su que posterior trasladado a los lugares de distribución entre las beneficiarias.
