Se trata de las primeras medidas adoptadas por el magistrado en el marco del expediente en el que el fiscal Federico Delgado imputó ayer al mandatario al ordenar la apertura de una causa penal para determinar, como primer paso, si «omitió maliciosamente» en su declaración jurada de bienes dos sociedades offshore que figuran en la investigación periodística internacional.
Fuentes judiciales confirmaron que a Télam, luego de recibir el dictamen del fiscal, que Casanello dispuso, como primeras medidas, que el periodista Hugo Alconada Mon preste declaración. Alconada Mon es uno de los argentinos que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que encabezó la investigación de las filtraciones sobre sociedades offshore en paraísos fiscales.
También convocó a prestar declaración testimonial ese día a la abogada Silvina Martínez, especialista en sociedades extranjeras y off shore, quien integra los equipos técnicos de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.
En tanto, en declaraciones a radio Vorterix formuladas hoy, el fiscal Delgado indicó que la declaración de certeza que el presidente Mauricio Macri anticipó pedirá hoy ante el fuero civil «no interfiere con la investigación» iniciada en la Justicia Federal sino que «son cosas paralelas».
No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que «toda declaración de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal».
En este sentido, afirmó que «si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación».
Más a allá de las citaciones a testimoniales, el juez Casanello aún no había ordenado esta mañana otras medidas sugeridas por el fiscal. Entre ellas, la de requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un «amplio informe» sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el presidente Mauricio Macri.
Se trata de la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que el presidente Mauricio Macri «fue director y vicepresidente», y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, «registrada en Panamá y aún en funcionamiento».
Así consta en la denuncia que dio origen a la causa abierta en las últimas horas en la Justicia Federal, presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Martínez.
También, entre las medidas sugeridas por el fiscal Delgado a Casanello, se incluye la de requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore.
Por otro lado, pidió que se solicite opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si Macri debería haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore «a la luz de la Ley de Ética Pública».
