Sin agua, ni gas, ni energía eléctrica. Con todos los vidrios rotos y fallas estructurales. Y con una mugre que la convertían en insalubre e inhabitable. Esa casa era ló la Municipalidad de General Pico y allí la dirección de Acción Social alojaba a un hombre de 65 años al que asistía socialmente.
El escándalo se desató cuando el concejal piquense Guillermo Coppo (UCR) insistió en un pedido de informes que la secretaría de Acción Social negó.
«Teníamos que aprobar la renovación de los contratos que tiene la Municipalidad, a través de Acción Social, para asistir socialmente a familias y personas. Pedimos que nos enviaran los contratos y los informes socioambientales, para saber a quien asistía la municipalidad», explicó el edil.
Los primeros dos contratos e informes llegaron si problemas. «Pero el oficialismo se negó a enviar los últimos cuatro informes socioambientales, nos negó los informes», dijo el concejal radical.
Coppo fue a realizar una recorrida por cada una de las viviendas. Una de sus hipótesis era que esa ayuda era a personas o familias que no lo necesitan, pero eso la negativa de mostrar los documentos. Por eso fue hasta el lugar con el lugar para darle transparencia a los contratos y ejercer el control desde el Concejo Deliberante.
Nunca imaginó que lo que iba a encontrar. «Cuando llegamos a esta casa, no lo podíamos creer. Ni luz, ni gas, ni agua. Era una casa destrozada. El cielorraso todo destruido. Está en condiciones inhumanas de habitar «, detalló el concejal radical.
Las paredes partidas, con mucha humedad, los techos rajados y con pedazos de mamposterías caídas, lo mismo que los techos de madera y una cocina destruida. «Esta persona habitaba hace 11 años esa casa», detalló.
La persona que ocupaba la casa le pedía agua a los vecinos. Recibía asistencia alimentaria del municipio y le pidió una garrafa a la comuna, pero se le negaron.
Tras ver con sus propios ojos la situación, Coppo apuntó a los concejales y a los funcionarios del oficialismo, el FREJUPA (Frente Justicialista Pampeana).
«Allí no se puede vivir. Hay una vulneración de los derechos de esta persona que la ubican en ese sitio, insalubre con riesgos para su salud. Miraron para otro lado», acusó.
«La Secretaría de Bienestar Social estaba metiendo a vivir a una persona a una tapera, violentando el derecho a una vivienda digna. Es un círculo vicioso y perverso», señaló el concejal en su denuncia.
Este miércoles, una vez que el caso se convirtió en un escándalo, la municipalidad retiró a la persona que estaba allí y la alojó en otro lugar. Además cerró la casa con chapas y con medidas de protección como para empezar una remodelación.
«Además se insiste con el coronavirus desde los anuncios oficiales y se deja a esta persona, que está en un sector de personas vulnerables, en esas condiciones», dijo.
Coppo se opuso a la aprobación de ese contrato, pero no pudo impedir que la mayoría de la comisión del oficialismo lo autorizara. Esa aprobación llegó al recinto, pero cuando Coppo exhibió las fotos de la casa que se alquilaba, obligó al oficialismo a volver el proyecto a comisiones. Además el contrato elevado llevaba la firma de la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.
La vivienda del escándalo está ubicada en el centro de Pico (la segunda ciudad de La Pampa), a unos diez cuadras de la Plaza San Martin, la plaza principal de la ciudad.
Coppo apuntó a los términos del contrato. «En una parte del contrato que se renueva dice que la vivienda está en ‘buen estado de conservación y mantenimiento’ y que la Municipalidad tendrá que devolverlo en tales condiciones, es decir que estamos asumiendo la responsabilidad de devolver algo en perfecto estado cuando se lo recibe para demoler directamente».
Además, el dinero pagado por un lugar en esas condiciones era llamativamente alto para una casa en condiciones de abandono: era un compromiso de pago por $11.500 los primeros seis meses, $13.225 los segundos seis meses, $15.200 los terceros seis meses y concluye pagando $17.500, es decir un total de $344.550 más las tasas municipales.
«Se paga eso por algo inhabitable y que no tiene valor comercial. Por eso se puede hablar de una estafa«, se indignó Coppo.
El concejal informó que el contrato está a nombre de la Sociedad de Albergue La Unión Sección Mechita, una de las organizaciones no gubernamentales a través de la cual el gremio de La Fraternidad compra propiedades.
La inmobiliaria autorizada al cobro del alquilar es la de Jorge Angelucci. Este es hermano de José Luis Angelucci, ex concejal del PJ (en el período anterior) y actual director de Cultura de la municipalidad de Pico.
La secretaria de Desarrollo Social de General Pico, Daniela Cabrino dijo que «la casa estaba controlada. Se venía trabajando desde hace tiempo. Pero hay que entender que cuando uno trabaja con personas».
«Cada una tiene su tiempo, se intentaron otras estrategias pero quería estar en ese lugar, era su barrio, sus vecinos y la gente con la que estaba desde hace un tiempo», se justificó.
Cabrino se desligó del contrato, de las altísimas cifras de alquiler de la «tapera», y sostuvo que el contrato era de la gestión anterior. «Ese contrato no está firmado. Puedo hablar de lo que corresponde a mi gestión», se defendió.
Y manifestó que ella entendía que el contrato «probablemente no se hubiera firmado» en caso de haber sido aprobado por los concejales. «Si se aprobaba tiene que ver con que mi función empezó el 10 de diciembre (de 2019) y ese contrato se vencía el 30 de diciembre», agregó.
Además, cuestionó la difusión del caso: «No podemos invadir de esa manera la vida de una persona, que se sintió muy afectado. No podemos utilizar como rehenes a las personas para cuestiones personales».
El edil radical Guillermo Coppo, a su vez, dijo que pedirá la interpelación de la secretaria Daniela Cabrino. Pero además que realizará una denuncia judicial por estafa y por incumplimiento de los deberes de funcionarios. «Alguien tiene que responder por esto que pasó».
Fuente: Clarin.com
