A través del Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno nacional oficializó el decreto que deroga la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), después de considerar que fue dictado “sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos”. De este modo, quedó sin efecto la resolución firmada hace dos días por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
“La resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”, expresa la derogación.
La decisión ya había sido adelantada por la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley por tratarse de una medida “unilateral” del funcionario radical que generó posiciones encontradas dentro de la propia alianza gobernante.
Además, el decreto destacó que el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó “no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes”.
También se mencionó la falta de intervención del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.
En tanto, en uno de los últimos párrafos del decreto, se recordó que “el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del Gobierno y responsable político de la administración general del país”, en clara alusión a lo que varios ministros calificaron como una «insubordinación» de Rubinstein.
La resolución 3158/2019, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, indicaba que el protocolo se adecuó a «normativas internacionales» con el objetivo de «garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo» cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.
