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El Gobierno conformó hoy la comisión encargada de redactar una ley para reformar las leyes de Servicios Audiovisuales y de Telecomunicaciones, algo que había sido previsto por el decreto de necesidad y urgencia que modificó el corazón de ambas leyes y que creó el Ente Nacional de las Comunicaciones.
El secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio, Héctor Huici, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el especialista Henoch Aguiar, el escritor Santiago Kovadloff, los directores del Enacom Alejandro Pereyra y Silvana Giudici serán los integrantes de la comisión que en 180 días deberá elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 9/2019 del Ministerio de Comunicaciones, publicada hoy en el Boletín Oficial, que dispuso además que las designaciones son ad honorem. Giudici oficiará de coordinadora de la comisión, que ya había sido anunciada por el DNU 267/2015, del 29 de diciembre pasado, y tendrá como secretario a Gastón Eduardo Fernández Fellini, un miembro de la Fundación LED, que lideraba Giudici.
La nueva ley deberá «garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores».
De acuerdo con el artículo 4º de la resolución, el anteproyecto de Ley de Marco regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina elaborado por la Comisión deberá: facilitar el acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante criterios democráticos para la asignación de licencias; garantizar la neutralidad, apertura y competitividad de las redes; garantizar la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales; proteger y fomentar la pluralidad y diversidad de voces; favorecer la correcta prestación del servicio público de telefonía y/o telefonía móvil; garantizar el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico en los medios públicos de comunicación; proponer un sistema de control público y de monitoreo social a través de herramientas de gobierno abierto; promover el control parlamentario mediante una comisión bicameral y asegurar la participación ciudadana y la vigencia del principio de federalismo mediante un Consejo Federal integrado por representantes de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los diversos sectores que componen la sociedad civil.
