La furia del presidente Alberto Fernández contra los jueces desvanece inquietantemente su perfil de moderado y deja incómodos a sus aliados más fieles en el Gobierno. La responsabilidad de Carlos Zannini y el peligroso reflejo con El Salvador.
La vicepresidenta Cristina Fernández sorprendió el lunes con un rosario de tuits con elogios a Joe Biden. Le encantó su programa de ampliación del gasto público, que llevará al jefe de la Casa Blanca a la emisión de dólares. No de pesos argentinos. Sutil diferencia. Si la dama tuviera coherencia, luego de su denuncia sobre presunto “golpe institucional” por el fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía de la Ciudad y el derecho de Horacio Rodríguez Larreta a disponer acerca de la Educación, habría que aguardar un inminente repiqueteo en favor de Nayib Bukele.
Ese apellido, así suelto, diría poco para el común de los mortales. Se trata del presidente de El Salvador, de 38 años. Se consagró en febrero del 2019 al ganar en la segunda vuelta. Pertenece a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional. Acaba de destituir al Fiscal General y sustituir a los jueces de la Corte Constitucional. En nombre de un país “verdaderamente libre y soberano”. Los hechos y las palabras suenen peligrosamente familiares para la Argentina. Washington y la Unión Europea vienen denunciando aquellos atropellos.
Las irrupciones de la vicepresidenta, a esta altura, no deberían sorprender. El problema sería ahora Alberto Fernández. El Presidente que en 2013, cuando estaba en el llano y la ex presidenta ensayó la democratización de la Justicia que tumbó la Corte Suprema tumbo, divulgó el siguiente tuit: “Si CFK no entiende por qué la Corte es un “contrapoder” deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. Basta de sofismas”.
La misma persona -si es la misma- ahora entronizada se apenó este martes por la “decrepitud del Derecho convertido en sentencias”. Se trató de un disparo directo contra Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti que edificaron la mayoría de un voto (Elena Highton se apartó) cuyo contenido institucional es de enorme significación. Porque, en la base, coloca límites a la pretensión de vulnerar la letra explícita de la Constitución reformada en 1994, en aquella Asamblea Constituyente donde Cristina fue activa protagonista. Por otro andarivel se podría considerar el reconocimiento de los jueces que le concede a la Ciudad la facultad de administrar la política educativa. También la situación excepcional que plantea la tragedia de la pandemia.
En este plano, que la Corte abordó, se escondería uno de los grandes fracasos del Gobierno. El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, vacunado de privilegio, fue el encargado de la defensa oficial en contra de la Ciudad. Un párrafo del fallo lo lapidó: “El Ejecutivo Nacional no ha brindado fundamentos idóneos y suficientes para sostener una potestad sanitaria federal que le permita legislar en lo que refiere a la modalidad educativa en el ámbito de CABA”, sostuvieron Maqueda y Rosatti en su escrito.
En el caso de Alberto, existen otros agravantes. Llegó donde llegó por la necesidad política de Cristina de ungir un moderado. Que desde su lugar de Profesor de Derecho y amigo del fallecido Procurador, Esteban Righi –echado en 2012 por la vicepresidenta a raíz del caso Ciccone, que condenó a Amado Boudou- moldeó su imagen institucionalista. Tal perfil se está desvaneciendo inquietantemente por las presiones kirchneristas y su propia debilidad política.
Su giro podría explicar ciertas cosas. Siembra además un montón de interrogantes. Se entiende cabalmente el supuesto agobio de la ex ministra Marcela Losardo, que debió renunciar a la cartera de Justicia. También la soledad que se advierte en su círculo cercano, del imaginado albertismo. ¿Puede suponerse que sus amigos Juan Olmos, jefe de asesores, Julio Vitobello, Secretario General, o Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica acompañarían la nueva versión cercana a la autocracia? ¿Serían socios en la idea de transitar un camino que tiene como destino el cambio de régimen? Las mismas preguntas podrían caber para un par de aliados. Sobre todo, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. También el canciller Felipe Solá.
El combate político con Larreta
El Presidente ha llegado a este punto por haber abandonado a la política. Ofertó su papel de moderado y reniega del diálogo y el consenso como herramientas de convivencia y transformación en democracia. No hace falta remontarse al manotazo que, en plena pandemia, metió a la Coparticipación de la Ciudad –tema pendiente de resolución en la Corte Suprema- para rescatar de un conflicto policial a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, discípulo de la vicepresidenta. Convirtió el tema educativo en un combate político contra Rodríguez Larreta. Cerró las puertas que se abrieron en más de una oportunidad.
Decidió con aquel DNU sobre el cual se expidió la Corte cerrar las aulas en la Ciudad mientras una negociación estaba en curso. La llevaba el ministro del área, Nicolás Trotta. Repitió el mecanismo con el nuevo DNU que anunció la semana pasada. Trotta estaba en diálogo entonces con su par de la Ciudad, Soledad Acuña, para imponer un sistema de “asistencia administrada”. No estaba claro en qué consistiría. Pero trasuntaba una vocación negociadora. De hecho, como aporte, el Jefe de la Ciudad había resuelto restringir la asistencia en los colegios secundarios. Para bajar la circulación distribuidora del COVID. Nada, al final, cambió.
El Presidente supo, con anterioridad, que estaba en los umbrales de un paso en falso. Cristina y el kirchnerismo le impidieron una corrección. De allí su propuesta de enviar un proyecto al Congreso –recién ocurrirá el 21 de este mes- para que le delegue facultades en la emergencia sanitaria. Después del fallo de la Corte y su reacción intempestiva, junto a la de Cristina, cabría una interpelación: ¿Qué disposición habrá en Juntos por el Cambio y algún otro sector de oposición para hacer lugar a un pedido de ese tenor? Difícil descifrar la estrategia oficial.
El conflicto con la Justicia recrudece en un momento en extremo sensible. La pandemia y la precariedad sanitaria (por la falta de vacunas) tapiza el escenario. Alberto tiene previsto un viaje por Europa. Junto a su cuestionado ministro de Economía, Martín Guzmán. Tiroteado por el kirchnerismo y La Cámpora. La gira ha quedado limitada a Francia y El Vaticano. Están pendientes negociaciones con el Club de París y la búsqueda de apoyo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto ayudará a la misión la rebeldía contra el fallo de la Corte Suprema? ¿Cuánto servirá que el Presidente descalifique el fallo y desafíe con que “haremos lo que debamos»? Emanuel Macron es uno de los jefes europeos que condena los embates de Bukele en El Salvador.
Los réditos de la política doméstica podrían dejarse para otra instancia. Sin dudas, Rodriguez Larreta sale fortalecido. Afuera y adentro de Juntos por el Cambio. Del mismo modo que varios gobernadores asoman colgados de un pincel. El caso de Omar Perotti, de Santa Fe, que suspendió las clases presenciales por una semana para satisfacer al Presidente. Se comió un fuerte cacerolazo en Rosario.
Lo importante parece ser que, más allá de sus disidencias internas, la mayoría de la Corte Suprema encontró razones válidas para converger en la defensa del orden institucional establecido. También, para asestarle un golpe a la soberbia y a los espasmos autoritarios.
Por Eduardo van der Kooy
Fuente: Clarin
