El jueves pasado, la presidente de Madres de Plaza de Mayo -crítica acérrima del gobierno de Cambiemos- pidió que «prueben» las pistolas Taser con «la hija de Macri, los hijos de Vidal y los hijos, nietos y parientes de Bullrich».
«Que los pongan ahí y que les tiren, a ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer», remarcó. Este tipo de armas son calificadas como «no letales» ya que inmovilizan a los sospechosos a partir de una descarga eléctrica de bajo amperaje.
La Taser es un arma intermedia utilizada en varios países del mundo como Estados Unidos, Australia, Francia e Inglaterra, entre otros. El modelo comprado por el Gobierno (X26P) tienen alcance de cuatro, siete o diez metros dependiendo del cartucho. La inmovilización del agresor es instantánea y solo dura cinco segundos.
Además, Bonafini llamó a «quemar los campos» de los productores sojeros. «Así que, si tenemos coraje, hay que acompañar a la gente, quemarles los campos. Cuando están por sacar la soja, que se los quemen, que no puedan recoger nada, que recojan cenizas. Vamos a ver, cuando quememos unos cuantos campos, si van a seguir tirando glifosato», afirmó.
Las diputadas de la Coalición Cívica Lucila Lehmann y Marcela Campagnoli entendieron que los dichos pueden ser encuadrados dentro del artículo 212 del Código Penal de la Nación: incitación a la violencia colectiva.
Campagnoli explicó a Infobae que le preocupa severamente «que se naturalice la violencia en cualquiera de sus formas y la incitación que se hace a cometer desmanes no puede tolerarse».
La legisladora señaló que «el pueblo está harto de estos discursos violentos y nos pide que los frenemos con las herramientas que nos da la República». Y agregó: «Lo que hagan los jueces corre por cuenta de ellos, nosotros no hacemos las denuncias por el resultado sino porque corresponde hacerlas».
El texto de la presentación judicial que se hará este lunes ejemplifica que al igual que se hizo en Alemania tras el nazismo es necesario «perseguir y sancionar a quienes promuevan la violencia por razones políticas, sin ningún tipo de contemplaciones» para lograr así un «cambio cultural».
«La violencia ejercida para imponer un pensamiento no solo es antidemocrática, sino que sabemos por experiencia termina derivando en muerte. Todo intento por imponerla nuevamente debe ser sancionado», continúa.
Lucila Lehmann y Marcela Campagnoli
Por su parte, Lehmann destacó que «no se trata de Hebe de Bonafini o de alguien en particular, sino de una perspectiva, una forma de concebir la Argentina que debemos desterrar; una visión que no solo es retrógrada sino que es peligrosa: la de la violencia como forma de hacer política».
«Debe haber un mensaje claro para la sociedad, queremos ir hacia un camino de paz y prosperidad y dejar atrás el odio y la violencia», dijo a Infobae.
Las declaraciones de Hebe también fueron repudiadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, por el Foro de Convergencia Empresarial y por diversas figuras del ámbito político.
