Alberto Fernández y mandatarios provinciales se reunieron en Casa Rosada y acordaron un documento conjunto en rechazo al fallo de la Corte que aumentó los fondos destinados a CABA en desmedro de las provincias. Advirtieron que la medida no podrá cumplirse y resolvieron recusar a los jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» de la cautelar.
Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento», así definieron el presidente Alberto Fernández y catorce gobernadores la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordenó modificar los porcentajes de coparticipación en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Es un fallo inédito y político», dijeron desde el Gobierno y agregaron que con esa medida «la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA en un año electoral». La postura definida en la reunión del Presidente y los mandatarios provinciales es que el fallo no podrá cumplirse porque «el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad». Por último, se resolvió recusar a los miembros de la Corte y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada. Los Estados provinciales solicitarán ser incorporados como parte querellante en el expediente, acompañando la recusación.
La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada y duró más de una hora. Estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Bajo modalidad virtual participaron también los mandatarios del Chaco, Jorge Capitanich; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad (quien se manifestó a favor de la postura común, pero no apareció como firmante del documento final). El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no participó de la reunión, pero sí firmó la declaración conjunta.
En el salón Eva Perón estuvieron, junto al jefe de Estado, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
