La justicia de Estados Unidos allanó el camino para que la Argentina regrese a los mercados financieros internacionales, coloque deuda para pagar los acuerdos con los holdouts y termine de sepultar el default de fines de 2001.
La Corte de Apelaciones de Nueva York reafirmó ayer la orden del juez Thomas Griesa que levanta las medidas cautelares que hasta ahora impedían realizar pagos de la deuda a los bonistas que habían regularizado su situación en los canjes de 2005 y 2010, a menos que la Argentina les pagara también a los acreedores del país que obtuvieron sentencias a su favor.
La decisión de los jueces Christopher F. Droney, Pierre N. Leval y Paul A. Engelmayer fue anunciada por Droney, luego de un receso, al término de una audiencia que se prolongó por algo más de una hora. El fallo, dictado con una rapidez atípica y extraordinaria que ni el más optimista esperaba, puso fin a cuatro años de vida de un controvertido instrumento judicial que llevó a la Argentina al «default técnico», a mediados de 2014, y forzó la negociación con los holdouts. El equipo económico liderado por el ministro Alfonso Prat-Gaycelebró en Nueva York.
La decisión del tribunal sorprendió por su prontitud a los funcionarios en medio del road show para promocionar la colocación de deuda que proveerá el dinero para pagarles a los acreedores, incluidos los fondos buitre liderados por NML, cuya ofensiva judicial llevó a Griesa a gestar las medidas cautelares.
Prat-Gay anticipó a periodistas argentinos, en una improvisada conferencia de prensa en el hotel Palace, que los holdouts cobrarán el viernes 22, cuando el Gobierno reciba los fondos de la colocación de deuda, que se hará el lunes y el martes próximos.
«El fallo era el último paso que nos faltaba para poder dejar atrás 15 años de estar desconectados del mundo, de estar orgullosos de no pagar», dijo Prat-Gay, en el lobby del hotel, rodeado de su equipo. «Nosotros queremos resolver esto para volver a tener crédito y para poder volver lanzar la economía, para tener créditos en infraestructura, volver a crecer y volver a tener trabajo digno», completó.
Los fondos buitre NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, que lideraron la ofensiva judicial contra la Argentina, anticiparon en la audiencia que mantendrán el acuerdo firmado con el Gobierno pese a que no cobrarán hoy, la fecha de pago prevista en el convenio.
«Queremos ser claros, no tenemos la intención de terminar el acuerdo mañana [por hoy]», dijo durante la audiencia Matthew McGill, uno de los abogados de NML, ante los tres jueces de la corte. «Queremos cobrar más de lo que queremos tener razón», fue la frase que eligió Roy T. Englert, abogado de Aurelius.
El fallo confirmó el claro respaldo de la justicia de Estados Unidos al giro de política del gobierno de Mauricio Macri respecto de los acreedores. Es un triunfo para la estrategia legal del Gobierno, que además permitirá implementar el plan para liquidar el prolongado litigio con los acreedores del país, retornar a los mercados financieros internacionales y terminar de reparar el default declarado por el Congreso a fines de 2001.
«Estoy muy feliz de que estemos llegando a una resolución», dijo a los periodistas Carmine Boccuzzi, el abogado de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que más tiempo defendió al país. Lejos del atril, Boccuzzi siguió la audiencia por televisión, tomando nota, en una de las salas adyacentes al tribunal ubicado en el piso 17. Otros la siguieron en otra sala, en la planta baja.
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas indicaron que el special master, Daniel Pollack, le dijo a Prat-Gay que su carta en la cual pidió una decisión rápida era un pedido muy inusual, pero que sólo así se explicaba una rapidez también inusual.
La decisión de los jueces también implica un duro golpe para los acreedores que aún no han cerrado acuerdos con el país, entre ellos algunos fondos me too y bonistas minoristas que compraron sus bonos antes del default a precio pleno. Para esos bonistas, el fallo implica la pérdida de todo poder de negociación y los deja frente a la solitaria opción de aceptar la propuesta oficial presentada por el Gobierno el último 5 de febrero.
«Estamos muy decepcionados. No creemos que la corte hizo lo correcto», dijo a la salida de la audiencia Michael Spencer, abogado que representa a bonistas minoristas, que poseen más de US$ 600 millones en títulos.
Dentro del tribunal, Spencer había dicho que la Argentina se había negado a negociar con sus clientes y les había pedido a los jueces que no los «atara de manos» quitándoles la protección de las medidas cautelares. Fue lo que ocurrió. Spencer puede pedir una revisión del fallo «en banc», con todos los miembros de la corte, algo que muy rara vez sucede. Anthony Constantini, abogado de varios fondos, también dijo a LA NACION que considerarán una revisión «en banc».
Para el equipo económico, el panorama legal ha quedado despejado.
Al hablar de los bonistas minoristas, que representan al grueso de los holdouts que aún no han acordado, Prat-Gay dijo que no mejorarán la oferta: «Hemos hecho dos ofertas que están abiertas. La que queda para ellos es la oferta base. Es una oferta muy atractiva, que es casi igual a la de los que entraron en el canje de 2005 y está aprobada por el Congreso. Más no podemos hacer».
