El ex presidente está imputado junto a ex funcionarios por la venta de dos empresas eléctricas a sus amigos Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, que ahorraron U$D 118.054.000 en las operaciones.
Una nueva causa penal sacude al entorno del ex presidente Mauricio Macri. El presidente de Integración Energética S.A. (IEASA), Andrés Cirnigliaro, se presentó como querellante en la causa que impulsaron diputados del Frente de Todos por administración fraudulenta, en relación a la polémica venta «a precio vil» de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López a dos empresas de los amigos del ex presidente, Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo.
La causa, que recayó en el tribunal que el juez Sebastián Casanello preside en Comodoro Py, tiene como imputados a funcionarios macristas de primera línea: Los ex ministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el ex ministro de Producción, Gustavo Lopetegui; y los ex presidentes de IEASA, Claudia Mundo y Mario Dell’Acqua.
Se suma así una nueva causa pesada contra los funcionarios del gobierno anterior, también por irregularidades, como la causa de los peajes y la causa por espionaje ilegal.
Según Rodolfo Tahilade, María Fernanda Vallejos, María Emilia Soria y Adrián Grana, quienes radicaron la denuncia, los funcionarios imputados fueron piezas clave y necesarias en la liquidación macrista que le quitó a IEASA dos empresas eléctricas.
Los diputados denunciaron numerosas operaciones fraudulentas a lo largo de la privatización, con el objetivo de destrabar las ventas, que se concretaron en mayo y junio de 2019, apenas unos meses antes de que Macri pierda las elecciones primarias.
Se estima que el Estado Argentino perdió u$D 118.054.000. El número se desprende de la diferencia entre la tasación establecida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fue eliminada, y los que finalmente fueron los valores de venta a los grupos energéticos YPF-Pampa -que preside el amigo de Mauricio Macri, Marcelo Mindlin- y Central Puerto S.A., de otro amigo, Nicolás Caputo.
Todo comenzó el 01 de noviembre de 2017, cuando a través de un decreto Macri fusionó ENARSA y EBISA para conformar IEASA, y ordenó iniciar el proceso de privatización de dos energéticas que hasta entonces estaban bajo gestión estatal.
La central Ensenada de Barragán en Dock Sud, que producía 560 mW; y la central Brigadier López de Sauce Viejo, que sumaba 280 mW, pese a que los contratos de fideicomiso de las centrales prohibían su venta.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación tasó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en u$s 305.906.000 y a Brigadier López en u$s 207.110.000. Sin embargo, fueron modificados los pliegos y ambos valores se desestimaron, por lo que la negociación quedó liberada.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES había financiado ambas energéticas. De esa forma, se mantenía el control estatal de las empresas y no podían ser nombrados los nuevos titulares.
Allí se utilizó a IEASA para comprar los títulos de deuda que tenía la ANSES, y terminar así de destrabar la privatización. De esa forma, Marcelo Mindlin compró en mayo de 2019 la central Ensenada por U$D 229.529.500 y ahorró al menos U$D 76.376.500. Nicolás Caputo también salió airoso de las negociaciones.
Por la central Brigadier López pagó en junio de 2019 U$D 165.432.500, U$D 41.677.500 menos de lo que la había tasado el Tribunal de Tasaciones.
De esa forma, IESA perdió dos centrales eléctricas que funcionaban a la perfección. Y la administración de Mauricio Macri, que debía representar los intereses del Estado Argentino, favoreció los intereses de Mindlin y Caputo, a quienes les concretó un descuento de U$D 118.054.000 entre ambas operaciones.
Por eso ahora Cirnigliaro se presenta como querellante, al entender que la empresa estatal terminó perjudicada. «Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil», señalaron desde la empresa.
Fuente: INFOCIELO
