Además tendrá que realizar tareas comunitarias durante dos años. Si no cumple irá a juicio.
Las amenazas de bomba a colegios no solo afectan a docentes y alumnos por la suspensión del dictado de clases, sino que además generan perjuicios en las arcas públicas por el costo de los operativos.
Como sanción la Justicia le ordenó a un joven autor de falsas advertencias de explosivos en colegios de Morón en 2018 a pagar una multa de $ 60 mil, donar un teléfono celular de alta gama, una computadora y realizar tareas comunitarias durante dos años. Si no cumple irá a juicio.
La jueza Graciela Angriman dispuso las medidas y explicó en diálogo con TN que las sanciones serán para uno de los imputados por los hechos. «El monto a pagar fue acordado entre las partes y se calculó en proporción a la capacidad de solvencia del imputado, un joven que trabaja y estudia», indicó la magistrada.
La jueza indicó que además deberá donar un celular de alta gama, ya que usó un aparato de estas características para realizar las falsas amenazas de bomba, una computadora portátil y también tendrá que realizar tareas comunitarias durante dos años en un club barrial. En el caso de que no cumpla irá a juicio.
Con este fallo la Justicia espera desalentar este tipo de maniobras y cubrir, en parte, el costo de los operativos dispuestos para este tipo de casos. Solo el año pasado estos despliegues costaron unos $ 500 mil. Los $ 60 mil de la multa irán para la comuna.
La causa está caratulada como «intimidación pública reiterada en tres oportunidades» y la jueza del tribunal en lo Correccional Nº 5 de Morón y suspendió el proceso a condición de que cumpla estas medidas.
El intendente Ramiro Tagliaferro explicó que el año pasado presentaron demandas por los gastos de los operativos y calificó al fallo como «una medida ejemplar» para desalentar las amenazas. En el municipio hubo una seguidilla de este tipo de episodios y, en el caso del Instituto Elmina Paz de Gallo en Haedo, la institución llegó a recibir 18 amenazas en 40 días.
