El Supremo Tribunal Federal de Brasil debe decidir hoy sobre un recurso extraordinario del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue condenado en enero a 12 años de prisión en segunda instancia en el marco la mecausa sobre corrupción política «Lava Jato». La defensa de Lula interpuso ante la máxima corte del país un recurso de «habeas corpus» solicitando que la pena de cárcel sea suspendido hasta que el caso sea cerrado en todas las instancias.
En caso de que el Supremo rechace el pedido, Lula, que aspira a ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre, podría ser encarcelado en los próximos días. Pero el expresidente tiene aún la posibilidad de llevar su caso a dos instancias más tras la segunda instancia: ante el Superior Tribunal de Justicia, la máxima corte del país para asuntos no constitucionales, y finalmente ante el propio Tribunal Supremo.
El caso de Lula amenaza con generar un terremoto político en Brasil, agitado desde hace años por escándalos de corrupción. El expresidente es el favorito para ganar un tercer mandato en las elecciones del 7 de octubre, con hasta el 36% de intención de voto. El ex líder obrero es muy popular entre las clases más pobres debido a los programas sociales impulsados por sus Gobiernos. Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades brasileñas este martes para manifestarse tanto en contra como a favor del encarcelamiento.
La Justicia, sin embargo, considera que Lula estuvo implicado en una enorme trama corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras mientras era presidente. Un tribunal de apelación confirmó en enero una condena de 2017 que dictaminó que Lula aceptó la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con Petrobras.
De cara a las elecciones, la posible candidatura de Lula será juzgada aparte por el Tribunal Superior Electoral (TSE). La llamada ley de «Ficha Limpa» («Expediente Limpio») impide formalmente al expresidente ser candidato debido a su condena. El tribunal electoral, sin embargo, debe emitir un fallo formal si el PT intenta inscribir oficialmente la candidatura de su líder, lo que no ocurriría hasta en agosto.
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, abogó hoy por que la Corte Suprema rechace el recurso de Lula y que permita con ello que el expresidente sea encarcelado. «Sólo en Brasil la Justicia entiende que sólo se puede ejecutar una sentencia después de que cuatro instancias judiciales confirmen una condena. Esta exageración destruye el sistema judicial porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla«, lamentó Dodge en una sesión pública de la fiscalía en Brasilia, un día antes de una trascendental fallo judicial para el destino de Lula.
La grave crisis institucional que vive Brasil desde hace años debido a los escándalos de corrupción política de «Lava Jato» condujo a que algunos sectores de la sociedad brasileña aboguen abiertamente por una intervención militar. En algunas manifestaciones contra la corrupción se vieron carteles que piden abiertamente una dictadura militar como la que gobernó al gigante sudamericano entre 1964 y 1985.
El comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, causó revuelo al pronunciarse contra «la impunidad»: «Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales», escribió Villas Boas en la red social Twitter en la noche del martes.
Otro militar de alto rango, el general de reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, sugirió incluso directamente un golpe militar en caso de que el Supremo favorezca a Lula este miércoles: «Si hay tantas zancadillas y cambios de ley, no tengo duda de que sólo resta la reacción armada», dijo Gonzaga Schroeder a la edición del martes del diario Estado de Sao Paulo.
