Al respecto la concejal Erika García indicó que “esta decisión forma parte de un nuevo paradigma instaurado desde el Gobierno, que desde sus inicios ha negado sistemáticamente el terrorismo de Estado, favorecido la prisión domiciliaria de los genocidas, legitimado el accionar represivo sobre aquellos que se manifiestan en contra de sus políticas de ajuste, y alentado la represión y violencia sobre los sectores más humildes y desprotegidos”.
Esta decisión va en sentido contrario de la política de Estado instaurada desde la recuperación de la democracia en 1983, consistente en separar la defensa nacional de la seguridad interior. La misma fue repudiada además por amplios sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y un vasto sector de la sociedad que se expresó a través de diversas medios.
“Estas decisiones son las que nos retrotraen a la época más oscura de nuestra historia, ya que durante la dictadura cívico-militar fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior”, concluyó la edil.
