Inscripción masiva en poco tiempo, alcance federal de una herramienta de Estado pensada como un primer paso para sacar de la informalidad a quienes hoy solo son un número en una estadística difusa y el dato que dice que la mujer, con más del 50% de las inscripciones, es la actora principal en la economía informal, son solo tres de las conclusiones que arrojó el primer informe de implementación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) que entre julio de 2020 y febrero de este año recibió un total de 2.093.850 inscripciones.
Por medio de una videoconferencia, el informe fue presentado esta tarde por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. También expusieron el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, y la directora del Registro Nacional de Efectores, Sonia Lombardo.
¿COMO INSCRIBIRSE AL RENATEP ?
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo explicó que “nuestro verdadero objetivo es recuperar una idea central: gobernar es generar trabajo. Para eso necesitamos cruzar a la economía popular con acceso a derechos y movilidad económica, siempre pensando que la mejor forma de reconstruir la Argentina es por el lado del trabajo y la producción”.
“Nuestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el ReNaTEP es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociéndolos”, remarcó el secretario nacional de Economía Social, Emilio Pérsico.
“El ReNaTEP es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales”, destacó Pérsico y concluyó: “hay que construir derechos de otra forma y una manera es reconociendo a las trabajadoras y los trabajadores de la economía social popular”.
En cuanto a la distribución territorial de las inscripciones, el informe destaca que se concentran en la provincia de Buenos Aires alcanzando un 35,7% del total. Le siguen las provincias de Chaco con un 5,6%, Tucumán con un 5,5 % y Salta con un 5,2% de las inscripciones.
“El Registro es un gran paso en el reconocimiento de derechos de las y los trabajadores de este sector de todo el país”, explicó Arroyo a la vez que señaló la importancia de la inscripción porque abre la posibilidad de incorporarse al monotributo social, y de esa forma tener una factura para producir y vender y, al mismo tiempo, acceder a instrumentos de seguridad social. “Queremos avanzar también en el acceso a programas de capacitación y acompañamiento, a redes de comercialización y a la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera”, dijo.
En la presentación también estuvieron presentes los subsecretarios Alejandro Gramajo y Daniel Menéndez y referentes de organizaciones y movimientos sociales de todo el país.
Género
Los datos que arroja el informe confirman las primeras apreciaciones que se habían hecho a través del monitoreo constante de esta política y también, la información surgida de los movimientos sociales que, entre otras cosas, marcaban que la economía informal tiene a la mujer como protagonista. El 57,1% de las inscripciones corresponde a mujeres, dato que se hace más importante aun cuando se mira la estadística de trabajadores registrados, donde son los hombres los que se llevan la mayoría.
Además, dentro de este análisis desde el punto de vista del género, se destaca también que esta mayoría femenina se incrementa en aquellas ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados, y disminuye en las ramas de actividad donde predominan ocupaciones tradicionalmente asociadas al trabajo masculino. “Es decir que al interior de la economía popular registrada se reproduce la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de géneros que existe en la sociedad en su conjunto”, expresa el informe.
Edad
Otro dato que surge de la estadística es que la gran mayoría de los inscriptos son jóvenes y personas de mediana edad. El 34,8% están entre los 25 y 35 años; mientras que el 29,5% corresponde a los que tienen entre 18 y 24. Es decir que más de la mitad de los inscriptos corresponde a jóvenes que se les dificulta ingresar al mercado formal del trabajo por la falta de oportunidades lo que deriva en trabajos en condiciones de gran precariedad e informalidad. “En términos educativos se observa que la mayoría no ha podido culminar los estudios obligatorios, es decir no tiene completado el nivel secundario, establecido por ley como obligatorio para toda la población”, agrega el informe.
Actividades por rama
En el análisis de la estadística por rama de la actividad de los inscriptos puede notarse un marcado predominio de la de Servicios Socio Comunitarios y la de Servicios Personales y Otros Oficios concentrando entre ambas el 60% de las inscripciones. “Es posible afirmar que la gran cantidad de trabajadora/es inscriptos/as en la rama socio comunitaria, esté relacionada con la coyuntura de emergencia social y alimentaria producto principalmente del proceso de recesión económica sostenida desde mediados del año 2018 y profundizada -en términos económicos, sociales y sanitarios- por los efectos de la pandemia de Covid-19”, dice el informe a la vez que destaca que el número de inscriptos que trabaja en merenderos y comedores comunitarios corresponde al 60,2% del total de inscriptos en esa rama de actividad.
El ReNaTEP fue implementado en julio del 2020 bajo la premisa de dar un primer paso desde el Estado para alcanzar la formalización de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que sobreviven a partir del trabajo que realizan, pero, al estar por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, por el tipo de trabajo o la forma de organización que adoptan, no son reconocidos y reconocidas como tales y, por lo tanto, ven vulnerados sus derechos sociales, laborales y productivos.
