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Se trata de la reforma del Código provincial de Faltas, para establecer multas de hasta 30 mil pesos y arrestos de hasta 60 días para los autores de este tipo de episodios que constantemente denunció la FEB en los últimos años.
Así, el trabajo serio, persistente y consecuente de la representación gremial docente derivó en una decisión de Estado que luego, fue avalada por la Legislatura bonaerense.
La FEB fue el gremio pionero que decidió adoptar como política activa el reclamo para tomar medidas tendientes a atenuar un fenómeno que desde hace casi una década no deja de aumentar: la violencia en torno al ámbito escolar, con consecuencias para los trabajadores de la Educación y la comunidad educativa toda.
De acuerdo con estudios realizados por la FEB, el 70% de los maestros, profesores y preceptores que observan o están cerca de una situación de violencia en el ámbito escolar, también resultan afectados psicológicamente.
Estas cifras son aún superiores a las que registra el Estado y que sirvieron de fundamento para la iniciativa aprobada por la Legislatura.
Nuestro registro surge de un estudio integral que revela el alto índice de casos de trastornos como el “burn out” (conocido también como “síndrome de cabeza quemada”) que es recurrente entre los docentes y se manifiesta, entre otros síntomas, como un pico de estrés.
El fenómeno no es nuevo. Tuvo su máxima expresión con el caso del Director de Pergamino, Ricardo Fusco, quien fue apaleado y herido por la madre de un alumno en septiembre de 2011. Este episodio provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y un alto impacto en la opinión pública.
A través de nuestro equipo de asesores legales y como veníamos haciendo en numerosas oportunidades, la FEBdecidió asumir la defensa del directivo docente y afrontar el proceso judicial. Un año después, la autora de la lesión resultó condenada por un tribunal Penal provincial.
Pero no sólo hemos logrado que se detenga a los padres agresores: también nuestro accionar ha redundado, por ejemplo, en restricciones perimetrales para que el agresor no tenga ningún contacto con el docente.
Este año, luego de haber presentado conjuntamente con otros gremios docentes, decenas de pedidos y reclamos ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), las autoridades decidieron impulsar la iniciativa que finalmente se convirtió en Ley.
Sin claudicar y de manera sistemática, la FEB brindó los datos, las estadísticas, las denuncias documentadas y las acciones pertinentes para que el dictado de esta norma fuera posible.
Es un paso importante, como también lo sería la aprobación de la Licencia por Violencia de Género, por la cual venimos luchando hace meses. Esta normativa sería de importante ayuda, ya que brindaría contención a quienes sufran episodios de violencia de género en el ámbito educativo, pero la paralización impuesta por el Estado para el trabajo de las Comisiones Técnicas lo impide.
Seguiremos insistiendo con la misma responsabilidad y convicción que hasta ahora. Sabemos que se trata de una lucha larga y que la coyuntura muchas veces deja de lado estos temas. Pero es imposible aspirar a una Educación de Calidad con docentes enfermos, entre otras situaciones, por hechos de violencia.
