El Tribunal de Casación bonaerense ordenó esta medida que se extenderá hasta el fin de la pandemia y contempla a los detenidos que están dentro de los grupos de riesgo.
El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires ordenó otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a aquellas personas «en riesgo de contagio por coronavirus» que están cumpliendo condena en las cárceles de su territorio. La medida alcanzaría a alrededor de 700 presos y se extenderá hasta que termine la pandemia.
De esta manera, se trasladará de inmediato a sus domicilios a las mujeres embarazadas, madres que viven con sus hijos tras las rejas, los reclusos mayores de 65 años y todos aquellos con enfermedades pulmonares graves.
Según informó Clarín, el fallo basa su decisión en que se ha identificado una “gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”. De esta manera, la medida tiene por objetivo “contener la pandemia” para instrumentar medidas alternativas a la prisión o incluso “reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
Tal como menciona el fallo, en el sistema penitenciario provincial existe una superpoblación del 120%, si bien tiene capacidad para alojar a 24 mil detenidos en sus cárceles, hay cerca de 52 mil.
La resolución fue firmada por el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini. En el documento, se deja en claro que la decisión fue consensuada con el resto de los jueces de casación bonaerenses.
Se trata de un habeas corpus colectivo que fue presentado, en principio, por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri. Pero que luego tuvo el apoyo de sus colegas de los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia asumieron que el ingreso de la enfermedad a los penales podría ser una tragedia. Por eso, aceleraron las medidas preventivas y dispusieron recursos sanitarios.
Tres semanas atrás, se decidió suspender las visitas para el 90% de los presos a fin de resguardar su salud. Acompañando a esta medida, el juez Violini había ordenado al Ministerio que habilite el ingreso de teléfonos celulares para los internos y redactó un protocolo para que puedan hablar desde líneas autorizadas.
Estas medidas fueron repudiadas por varias víctimas de delitos y sus familiares, como fue el caso de la diputada Carolina Píparo, que recibió una amenaza del delincuente que le disparó y mató al bebé que estaba gestando. Carlos Moreno, quien cumple condena por este crimen, usó un celular desde la cárcel para ingresar a Facebook y pedirle que no se olvide de él.
La última disposición de Violini recomienda también «que deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo».
